"Necesitamos comer, y vamos a comer adentro de la ley o afuera de la ley"

REGIONALES 21 de marzo de 2019 Por
Lo advirtió Jorge Abraham de la Pastoral Social de Morón en la presentación de un documento crítico del Foro en Defensa de la Producción y el Trabajo
foro

El espacio integrado por la Asociación Bancaria, los telefónicos de FOETRA, el gremio de trabajadores de peajes, la CGT y la CTA de Morón, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Confederación General Económica (CGERA Morón) y la Pastoral Social de la iglesia local hizo público un documento titulado "esto queremos para la patria", con un alarmante diagnóstico de la actualidad

En conferencia de prensa, Jorge Abraham, enviado del Obispo de Morón, lanzó la dura advertencia y responsabilizó al gobierno de garantizar que todos puedan "comer adentro de la ley".

En el texto, el Foro denuncia que:

  • Cada día se pierden muchos puestos de trabajo formal.
  • Las personas que aún conservan su trabajo sufren el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida del poder adquisitivo del salario respecto al costo de vida, sobre todo en los rubros de los alimentos, salud y transporte.
  • Los trabajadores y trabajadoras jubilados y las personas pensionadas, también han sufrido recortes en sus haberes y un aumento desmedido en el precio de los medicamentos que consumen.
  • El mercado interno se destruye por la pérdida del poder de compra de la población.
  • La industria nacional, sobre todo el sector de las pymes, pierde competitividad para los mercados interno y externo por la apertura indiscriminada de las importaciones y por el alto costo de las tarifas de los servicios que utilizan para su producción.
  • Los denominados servicios públicos (provisión de energía, agua y transporte) han pasado a ser considerados meros productos de mercado, con aumentos inalcanzables para la población en general y para las empresas de producción en particular, desconociendo su valor como parte integral de los derechos humanos de las personas y de las familias.
  • Se desfinancia el sistema de previsión social afectando a jubilaciones y pensiones, becas por discapacidad, planes sociales y créditos para la vivienda.
  • Se privilegia en el Presupuesto Nacional el pago de la deuda externa, contraída de manera poco clara y sin que se evidencie alguna inversión de bien público hecha con la misma.
  • Se percibe una manipulación asfixiante de los medios de comunicación social.
  • El acceso a la Justicia parece lejano para los sectores más pobres de la sociedad, al mismo tiempo que el Poder Judicial es percibido como una herramienta al servicio de los poderes políticos y económicos que claramente no tienen como prioridad la construcción del Bien Común. Así, por ejemplo, medidas cautelares propuestas por grupos oligopólicos conservan su vigencia más tiempo de lo previsto impidiendo que se cumpla con una ley aprobada en el Congreso, mientras que otras cautelares que procuran la preservación del medio ambiente y la salud de la población son desechadas rápidamente.
  • Se detiene arbitrariamente a personas, al mismo tiempo que no se respeta el principio de presunción de inocencia. Hemos vuelto a utilizar en nuestra Patria la dolorosa expresión de presos políticos.
  • Se instalan, con funciones confusas, en territorio nacional bases de organismos extranjeros de seguridad.
  • Corre serio riesgo de perderse la Soberanía Alimentario, al mismo tiempo que somos el lugar del planeta donde más agrotóxicos se utilizan, hecho que fue denunciado por múltiples organizaciones promotoras de salud.
  • En un año electoral se insiste en introducir cambios en el sistema de emisión y control del voto ciudadano, que le quita transparencia y alienta el amargo sabor del fraude, propio de otras épocas que creíamos superadas.
  • Las representaciones políticas, sindicales y parlamentarias pierden legitimidad por sus acciones, omisiones y silencios.

Frente a este diagnóstico, el documento del Foro le recuerda al gobierno que el sentido último de la actividad económica es "sostener la vida personal y colectiva del ser humano" y que la política debe ser una herramienta para la construcción del bien común, defendiendo el trabajo, el salario, y el acceso a la salud, la educación, la justicia y los servicios públicos, entre otros derechos.

A su vez, denuncia que sucede todo lo contrario y condena que la economía esté al servicio de la especulación financiera, el salario sea considerado “un costo más”, y que se desarticulen y desfinancien los sistemas públicos de Educación y Salud.

También cuestiona la legitimidad de la deuda externa tomada por la actual administración, entre otras medidas fuertemente resistidas por los sectores del trabajo y de la producción. 

Por último, el Foro exige que:

  • Se legisle para tener un control efectivo del ámbito financiero, que –en estos tiempos de poder “buitre” globalizado- tiene la capacidad de desestabilizar gobiernos y economías nacionales.
  • Se establezcan paritarias libres y se respeten los convenios colectivos de trabajo, tanto en lo salarial como en las condiciones en que la tarea se realiza.
  • Sea prioridad la defensa de la producción nacional y, por consiguiente del empresariado y el trabajador de nuestra Patria.
  • La Economía Social deje de ser un apéndice informal para desocupados y pobres y se convierta en el objetivo a alcanzar como forma más justa de distribuir la riqueza que el Pueblo produce con su trabajo.
  • Se prohíba, igual que en otros países, el uso de agrotóxicos.
  • Se recupere, por lo menos, el 6%  del presupuesto nacional para la educación.
  • Se terminen de construir y se inauguren (los ya construidos) hospitales públicos, independientemente de la gestión gubernamental que los haya iniciado.
  • Se restablezca, a nivel del Estado nacional, la categoría de Ministerio para el ámbito de Salud, Trabajo y Ciencia y Tecnología.
  • Se recupere la claridad e idoneidad sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
  • No haya presos/as políticos/as.
  • La solución a los reclamos sociales sea políticas sociales y no aumentos del poder de represión del Estado.
  • Se potencien, con presupuestos adecuados, los organismos y las políticas de protección de niños, niñas y adolescentes, así como la lucha contra toda forma de discriminación y violencia contra la mujer.
  • La comunicación social sea considerada como parte del Bien Común y, por lo tanto pueda ser efectivamente fiscalizada por el Estado y las instituciones civiles creadas para ello.
  • Se hagan efectivos planes de créditos para la adquisición de la vivienda familiar cuyas cuotas se regulen de acuerdo a la variable salarial y no en relación a una moneda extranjera.
  • Nuestras formas de ejercicio de ciudadanía dejen de ser sólo representativas y paulatinamente se transformen cada vez en democracia participativa, capaz de accionar rápidamente sobre los representantes que traicionen el mandato que les dio el Pueblo.

Pablo Daniel Ovin

Periodista y comunicador social

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